La organización ambiental REDSPIRA lamentó el estancamiento de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo sobre la calidad del aire convocadas por el Congreso del Estado a finales de 2024, y criticó la reciente aprobación de una reforma que, aseguran, no fue socializada con los actores involucrados.

 

El director de REDSPIRA, Alberto Mexía, recordó que en diciembre del año pasado el diputado Diego Echavarría organizó, a través de la Mesa de Medio Ambiente, un encuentro en el que participaron autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Protección al Ambiente, la Fiscalía Especializada en Temas Ambientales, así como integrantes de la sociedad civil organizada.

 

 

"Desde REDSPIRA vimos con buenos ojos esa convocatoria, porque permitía abrir un espacio de diálogo entre gobierno y sociedad para abordar la contaminación que se presenta cada fin de año. Pero, lamentablemente, la última reunión fue en enero y no se volvieron a enviar minutas ni se convocó a nuevas sesiones", explicó Mexía.

 

Uno de los acuerdos plasmados en las minutas y grabaciones de dichas mesas fue reformar la Ley de Protección al Ambiente del Estado para establecer con claridad la periodicidad del Inventario de Emisiones, un instrumento técnico clave para conocer las fuentes de contaminación. El último inventario oficial, según el director de REDSPIRA, data del año 2018.

 

Sin embargo, Mexía denunció que la reforma fue presentada y aprobada en el Congreso sin consultar a los participantes de las mesas técnicas y, peor aún, sin tomar en cuenta los acuerdos ya establecidos.

 

 

"Nos enteramos apenas la semana pasada que la reforma ya había sido votada y aprobada. No se convocó a revisar el contenido, no hay respaldo técnico ni validación por parte de los actores involucrados, y lo más grave: la reforma no responde a lo acordado. Solo establece que la dependencia tendrá 60 días para definir la periodicidad del inventario, lo cual la convierte en una reforma ociosa", sentenció.

 

REDSPIRA emitió una opinión pública al día siguiente de la aprobación, reclamando la falta de transparencia y de cumplimiento con los compromisos asumidos, y reiteró la importancia de que las decisiones en materia ambiental se construyan con base en evidencia técnica y diálogo abierto, especialmente ante una problemática tan seria como lo es la mala calidad del aire en Baja California.