El senador Gustavo Sánchez, representante del PAN en la Cámara Alta, calificó como una amenaza directa a la libertad de expresión y a los derechos digitales la recién aprobada reforma en materia de telecomunicaciones. En entrevista, explicó que el dictamen final apenas maquilló los aspectos más polémicos del proyecto original del gobierno federal, y que en esencia mantiene el control total sobre los medios en manos del Ejecutivo, ahora a través de una comisión designada por mayoría oficialista en el Senado.

 

 

De acuerdo con el legislador bajacaliforniano, el proyecto inicial proponía una figura única encargada de regular medios y redes sociales, con facultades amplias que incluían otorgar o revocar concesiones y hasta intervenir plataformas digitales. Tras una fuerte presión de la sociedad civil y especialistas en comunicación (de los cuales más de 60 de 80 participantes en los conversatorios se manifestaron en contra), se realizaron algunos ajustes, pero se mantuvo el fondo autoritario de la iniciativa. “Quitaron el artículo 109 sobre redes sociales, sí, pero dejaron intactos mecanismos de control como el derecho de audiencias, que podría permitir al Estado bajar el switch a contenidos que no considere ‘adecuados’”, sostuvo.

 

Sánchez advirtió que la reforma habilita a la nueva comisión, por cierto, conformada por personas cercanas al gobierno, para supervisar y sancionar tanto a medios tradicionales como a periodistas y opinadores, bajo criterios ambiguos. “Se puede castigar una opinión si no es considerada razonable por el Estado”, alertó. Añadió que esta distinción entre informar y opinar, incluida en la ley, abre la puerta a censura directa, especialmente contra comunicadores que resulten incómodos para el gobierno  en turno.

 

En cuanto a la posibilidad de impugnar la ley, el senador aseguró que existen vías legales como el juicio de amparo, que podrán ser utilizadas una vez que se publique el decreto. Aseguró que diversos sectores, incluidos especialistas, cámaras de radio y televisión, ya han anticipado que recurrirán a estas herramientas jurídicas debido a que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta durante la discusión legislativa.

 

 

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía, particularmente a los bajacalifornianos, a mantenerse alerta ante lo que calificó como un intento por acotar las libertades individuales. “Esta no es la única ley preocupante. También vienen reformas en seguridad pública, en ciberseguridad y otras áreas clave. Mi mensaje es que debemos estar atentos a los próximos pasos del gobierno, porque estas medidas buscan achicar los derechos y controlar la narrativa pública”, concluyó Gustavo Sánchez.