18-07-2025

Foto: Jesús Sánchez/ Baja News
Zaizar recordó que el propio Leyzaola había advertido públicamente que de no cumplirse las condiciones bajo las que aceptó el cargo, presentaría su renuncia
La reciente renuncia de Julián Leyzaola Pérez a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali no fue una sorpresa para algunos sectores de la sociedad civil. Así lo aseguró Ángel Zaizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en el municipio, quien afirmó que desde el inicio de su gestión existían señales de que su permanencia sería limitada.
Zaizar recordó que el propio Leyzaola había advertido públicamente que de no cumplirse las condiciones bajo las que aceptó el cargo, presentaría su renuncia. Una de esas condiciones, señaló, fue coperar bajo sus propios lineamientos, y la otra, más polémica, fue su negativa a someterse al examen de control y confianza (C3), lo cual fue objeto de múltiples cuestionamientos tanto por parte de los medios de comunicación como de la sociedad civil.
“Él hablaba de un examen que se hizo hace más de 10 años. No sabemos si fue ese el motivo, o si realmente se trató de razones personales, porque la administración no ha sido clara con la información”, señaló Zaizar.
Asimismo, destacó que la llegada de Leyzaola fue vista como una imposición desde el gobierno estatal, lo que generó tensiones desde un principio con el Ayuntamiento de Mexicali. Esta relación tensa habría dificultado la operación de un proyecto que, según Zaizar, contaba con respaldo dentro del cuerpo policial.
“El día que se entregaron las patrullas fuimos muy claros. Como comité ciudadano pedimos al cabildo que dejaran de lado los intereses políticos y priorizaran el bienestar de la ciudadanía. Si había un director que era aceptado por los mismos policías, eso debía valorarse”, expresó.
Zaizar lamentó que decisiones de carácter político terminen afectando la estabilidad y el funcionamiento de la corporación de seguridad, y pidió que en futuras designaciones se tome en cuenta la voz de los ciudadanos y la operatividad dentro de la corporación, no solo intereses partidistas.

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