El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Álvaro Ochoa Orduño, se refirió a dos temas que en los últimos días han generado interés público: la liberación de policías en Ensenada acusados de privación ilegal de la libertad y la reforma al derecho de manifestarse frente a las autoridades gubernamentales.

En primer lugar, Ochoa Orduño recordó que los agentes de Ensenada habían sido señalados por un presunto abuso de autoridad que derivó en privación ilegal de la libertad; sin embargo, la autoridad jurisdiccional resolvió su liberación. 

 

Al respecto, el ombudsman resaltó que el organismo que encabeza continuará vigilante de que en estos procesos se garantice la legalidad y se respete el debido proceso, tanto para las víctimas como para los propios elementos de seguridad.

 

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En un segundo punto, el presidente de la CEDHBC se pronunció sobre el debate en torno a la reforma que regula el derecho de manifestación. Explicó que ya existen protocolos similares en la Ciudad de México y en Tlaxcala, avalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que establecen lineamientos claros para las autoridades. 

 

Dichos protocolos, afirmó, imponen restricciones y obligaciones a los gobiernos para asegurar que se respete la libertad de expresión y reunión.

“Es importante contar con un documento que guíe y regule a las autoridades sobre qué hacer en los momentos de manifestación”, expresó Ochoa Orduño, al señalar que diversas asociaciones civiles han promovido amparos en contra de la reforma, por lo que será la autoridad judicial quien defina el futuro de esta disposición. 

 

Mientras tanto, reiteró que la Comisión mantendrá su postura de garantizar que toda regulación respete los derechos humanos en Baja California, tanto en los procesos judiciales como en la protección de la libertad de manifestación de la ciudadanía.

 

 

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