La falta de agua que durante varios días padecieron cientos de colonias en Tijuana y Playas de Rosarito llegó este jueves a la tribuna del Congreso de Baja California. La diputada local Evelyn Sánchez llevó el reclamo al pleno y consiguió el respaldo mayoritario para pedir a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) que no cobre en los recibos los días en los que el suministro estuvo suspendido.

 

El exhorto surge tras los trabajos de rehabilitación del acueducto Florido–Aguaje, realizados durante enero, que dejaron sin agua a 691 colonias. Aunque los cortes fueron anunciados como temporales, en muchos puntos la suspensión se prolongó hasta cinco y seis días, y en algunos casos el servicio aún no se normalizaba por completo.

 

Desde la tribuna, Sánchez advirtió que el impacto fue más allá de la incomodidad doméstica. “No solo se afectaron los hogares; también escuelas, hospitales, centros de salud, pequeños comercios y restaurantes tuvieron que reducir horarios o suspender actividades”, expuso ante el pleno.

 

 

Colonias como La Presa, Otay, El Florido, El Soler, Sánchez Taboada, Natura, Santa Fe y la Zona Centro, entre muchas otras, resentieron los cortes en una de las épocas más críticas del año. De acuerdo con lo expuesto, las familias tuvieron que destinar recursos adicionales para comprar agua o contratar pipas, pese a seguir recibiendo facturas regulares por un servicio inexistente.

 

La legisladora reconoció que las obras eran necesarias debido al deterioro acumulado de la infraestructura hidráulica, pero subrayó que ello no justifica que los usuarios paguen por días sin suministro. En ese sentido, planteó que la CESPT aplique ajustes proporcionales, ya sea mediante descuentos en recibos posteriores, saldos a favor o la eliminación directa de los días no facturables.

 

“El mecanismo puede implementarse de forma gradual y ordenada, sin afectar la operación financiera del organismo, pero sí reflejando un trato justo para la ciudadanía”, señaló.

 

Tras la discusión, el punto de acuerdo fue sometido a votación y aprobado por mayoría, con lo que el Congreso formalizó el exhorto dirigido al director general de la CESPT, Jesús García Castro, para que instruya los ajustes necesarios en la facturación.