La diputada local Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma para penalizar la práctica de las llamadas “Empresas Golondrinas”, centros de trabajo que abren y cierran operaciones de manera repentina, dejando adeudos laborales a su personal sin aviso ni finiquito conforme a la ley.

 

La legisladora explicó que se denomina “empresas golondrinas” a aquellas que, de un día para otro, cierran sus puertas y abandonan obligaciones como el pago de salarios, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y utilidades. Señaló que en Baja California han aumentado los casos de este tipo de prácticas, particularmente de empresas que llegan al estado, se instalan, contratan personal y cierran de forma arbitraria sin concluir formalmente las relaciones laborales o sin cubrir la totalidad de los créditos laborales.

 

Sánchez Allende citó declaraciones del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, quien informó que la autoridad ha logrado intervenir oportunamente en al menos cuatro casos de “empresas golondrinas”, principalmente instaladas en Ensenada, dedicadas al sector maquilador textil y de origen asiático.

 

La iniciativa plantea sanciones penales no sólo para las denominadas empresas golondrinas, sino también para personas físicas y personas morales que incurran en conductas que, además de constituir violaciones constitucionales por particulares, ponen en riesgo la subsistencia de las y los trabajadores y sus dependientes económicos.

 

En cuanto a las penas propuestas, la diputada detalló que para el delito específico relacionado con empresas golondrinas se contempla una penalidad de uno a seis años de prisión y multas de hasta 500 UMAS, equivalentes a aproximadamente 55 mil pesos. Precisó que la querella no recaería únicamente en las y los trabajadores afectados, sino que la Secretaría del Trabajo podría fungir como querellante cuando exista pluralidad de víctimas.

 

Adicionalmente, para los delitos generales contra el trabajo, la iniciativa propone penas de tres meses a dos años de prisión y multas de hasta 50 UMAS. En el caso del acoso laboral, se plantean sanciones de hasta tres años de prisión y multas cercanas a 55 mil pesos.

 

Finalmente, Sánchez Allende subrayó que se trata de un primer planteamiento legislativo, con penas proporcionales, y adelantó que el marco podría revisarse y ajustarse posteriormente mediante reformas, con el objetivo de cerrar el paso a abusos y fortalecer la protección de los derechos laborales en la entidad.