El gremio de abogados de Baja California busca establecer un protocolo de seguridad para prevenir y atender posibles agresiones contra profesionales del derecho, ante el contexto de violencia e impunidad que prevalece en la entidad.

David Rincón Rey, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), explicó que la propuesta ha sido planteada ante autoridades estatales y busca contar con una herramienta de respuesta inmediata para los integrantes del gremio.

Señaló que la inseguridad no es exclusiva de los abogados, sino que alcanza a distintos sectores de la población, particularmente en un escenario donde, dijo, la falta de sanciones efectivas puede favorecer la impunidad.

“Nadie está exento de un robo a casa habitación, de sufrir lesiones o de ser asesinado. Cuando hay impunidad, los ciudadanos se sienten con la libertad de hacer lo que les viene en gana”, declaró Rincón Rey.

Como parte de los acuerdos establecidos con la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad, se creó una unidad especializada para investigar los homicidios de 18 abogados registrados durante la actual administración estatal.

De acuerdo con el representante del gremio, esa unidad ya cuenta con los expedientes correspondientes y recientemente informó sobre la detención de dos presuntos responsables relacionados con el asesinato de un litigante ocurrido en Mexicali.

Sobre el protocolo que se encuentra en desarrollo, Rincón Rey aclaró que los abogados no buscan la asignación de escoltas ni agentes para su custodia personal. La propuesta consiste en habilitar una alerta digital con geolocalización mediante GPS, conectada con los centros de respuesta de emergencia C2, C4 y C5.

“Lo que estamos pidiendo es que, así como existe el botón enfocado en la atención a mujeres violentadas, los abogados contemos con un mecanismo que emita una señal de auxilio inmediata sin pasar por el proceso habitual de preguntas de los números de emergencia”, explicó.

La FEDABO y representantes de la Secretaría General de Gobierno de Baja California tienen prevista una reunión el próximo 5 de octubre para revisar y definir el documento final del protocolo, con la intención de avanzar posteriormente hacia su formalización e implementación.