23-09-2026

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El diputado Jesús Daniel Razo Córdova planteó reformas para fortalecer la regulación de bienes estatales, transparentar operaciones y diferenciar ocupaciones con fines de lucro de aquellas por necesidad habitacional
El diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Bienes del Estado, con el objetivo de fortalecer el marco legal y reforzar la protección del patrimonio público frente a posibles fraudes inmobiliarios y ocupaciones irregulares.
El legislador de Morena señaló que Baja California enfrenta una problemática creciente relacionada con la invasión de predios y la situación del sector inmobiliario formal, ante grupos que, de acuerdo con lo expuesto en la iniciativa, aprovechan mecanismos legales para intentar apoderarse de terrenos de propiedad nacional.
“Tenemos que reconocer que actualmente enfrentamos una problemática grave y creciente de invasión de predios, lo cual exige respuestas institucionales claras y proporcionales”, manifestó.
Razo Córdova explicó que el análisis de la legislación vigente permitió identificar vacíos normativos que podrían comprometer la seguridad jurídica de las operaciones relacionadas con bienes públicos y generar afectaciones tanto al erario como a acreedores de buena fe.
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Entre los aspectos que plantea atender la propuesta se encuentran la falta de reglas específicas para la valuación de bienes, la ausencia de criterios objetivos para determinar excepciones a la licitación pública y la falta de un orden de prelación entre acreedores.
Asimismo, la iniciativa contempla establecer mayores controles para prevenir conflictos de interés, exigir dictámenes que determinen la utilidad pública futura de los bienes y crear registros públicos de las operaciones de dación en pago, con la finalidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
El diputado sostuvo que la seguridad jurídica del patrimonio estatal no depende únicamente de la existencia de mecanismos como la dación en pago, sino de contar con reglas previas, objetivas, verificables y de carácter público que permitan dar certeza a las operaciones.
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La propuesta también plantea diferenciar entre las ocupaciones de predios organizadas con fines de lucro y aquellas que pudieran derivarse de una necesidad habitacional genuina, con el propósito de que las autoridades puedan establecer respuestas acordes con las circunstancias de cada caso.
“Buscamos que el patrimonio estatal y municipal se administre con transparencia, evitando abusos y garantizando que la tierra cumpla una función social en beneficio de la colectividad”, expresó Daniel Razo.
Como parte del proceso legislativo, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

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