La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres, y anunció una revisión interna de los contratos estatales vinculados con las empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

 

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En un posicionamiento oficial emitido tras la publicación de la lista del Departamento del Tesoro estadounidense, el Gobierno del Estado precisó que la mandataria está legalmente divorciada de Torres y que no figura entre las personas sujetas a restricciones ni al congelamiento de bienes por parte de Washington.

 

Además, el comunicado indica que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a auditar si dichas compañías han sido proveedoras del gobierno local, a fin de remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para el deslinde de responsabilidades.

 

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Por último, la administración estatal subrayó que las personas señaladas por el Departamento del Tesoro deberán resolver su situación jurídica a título personal ante las autoridades competentes, y ratificó que la gobernadora no posee cuentas bancarias ni propiedades en el extranjero.

 

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