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Redacción por: Crisstian Villicaña 

 

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Más de 300 organizaciones encargadas de velar por los derechos de los trabajadores en Estados Unidos, están exigiendo al Gobierno de ese país que ampare de la deportación a empleados que han sufrido de abuso en sus espacios laborales, mismos que mantienen un litigio abierto por los atropellos. 

 

Le piden a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cumpla en publicar una guía que sirva para que estos trabajadores envueltos en juicios puedan apelar por la acción diferida, la cual les permitiría permanecer en el país norteamericano y laboral con un permiso de trabajo.  

 

José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, reconoció que este tipo de señalamientos que se dan por parte de asociaciones civiles y grupos organizados que enfocan sus esfuerzos en apoyar y trabajar con la población migrante, son de suma relevancia y necesarios. 

 

“Que importante es ahorita que ellos ya hayan alzado la voz y de que se siga haciendo, que no se apague, porque esa comunidad es muy vulnerable estando en un país extranjero”, subrayó. 

 

Los migrantes que logran arribar a territorio norteamericano, al no contar con documentación legal para laboral, aceptan puestos de trabajo con menor remuneración, sin seguro médico y en muchos casos realizando actividades que ponen en peligro su integridad. 

 

En ese sentido, el director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Pedro Orraca Romano, explica que hay 4.9 millones de mexicanos indocumentados en el país vecino. 

 

“Las personas extranjeras se suelen emplear en ocupaciones e industrias más riesgosas que las nacidas en Estados Unidos, esto surge en gran parte porque los inmigrantes suelen tener menores niveles de capital humano y menores redes sociales”, detalló el académico. 

 

“Además, porque la transferencia imperfecta de sus habilidades al migrar de sus países de origen a Estados Unidos limita sus posibilidades de acceder a trabajos calificados, llevándolos a aceptar trabajos manualmente muy intensivos y físicamente muy demandantes”, subrayó el director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. 

 

Para García Lara, todos aquellos que ya están establecidos de manera legal en Estados Unidos son quienes más tienen que hacer la tarea de apoyo a los trabajadores migrantes. 

 

“Pueden hacer un buen trabajo de ayuda a nuestros connacionales que están allá y que sufren de sus abusos por parte de la misma sociedad o de la comunidad que los contrata”, finalizó.