30-01-2025

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Según un comunicado oficial, las instalaciones de Buckley incluirán un centro de operaciones temporal, una zona de preparación y un espacio para la retención de inmigrantes en situación irregular
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que la base militar Buckley, en Aurora, Colorado, será utilizada como centro temporal para la detención y procesamiento de inmigrantes. Esta decisión, autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el 27 de enero, marca la primera vez que una instalación militar en territorio estadounidense cumple esta función.
La medida se enmarca en la política de “deportaciones masivas” impulsada por la administración del presidente Donald Trump, quien también firmó un memorando para usar la base naval de Guantánamo, en Cuba, con un propósito similar. No obstante, los operativos hasta ahora han resultado en cifras de detenidos muy inferiores a lo prometido durante su campaña.
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Según un comunicado oficial, las instalaciones de Buckley incluirán un centro de operaciones temporal, una zona de preparación y un espacio para la retención de inmigrantes en situación irregular. El proceso estará gestionado exclusivamente por ICE, el DHS y otras agencias federales, sin la participación de personal militar.
La intensificación de redadas en Colorado, Nueva York, Chicago y otras ciudades ha generado incertidumbre entre las comunidades inmigrantes, quienes temen por su seguridad y la de sus familias. En Denver, los arrestos diarios han aumentado significativamente, pasando de un promedio de 311 detenciones diarias en 2024 a más de 1,000 en la actualidad.
Grupos de derechos humanos han manifestado su preocupación por el uso de instalaciones militares en operaciones migratorias, señalando posibles violaciones al debido proceso y el impacto en comunidades locales. También han cuestionado la legalidad de estas acciones bajo la Ley Posse Comitatus, que limita el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley dentro del país.
Mientras tanto, el debate sobre estas medidas continúa dividiendo opiniones entre quienes las consideran necesarias para la seguridad nacional y quienes defienden los derechos de los inmigrantes.

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