Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue arrestado el martes en el aeropuerto principal de Manila bajo una orden de la Corte Penal Internacional (CPI). Su detención representa un hito en la lucha por la justicia tras su controvertida campaña antidrogas, que dejó miles de víctimas y despertó críticas internacionales.

Durante su mandato, Duterte supervisó una brutal represión contra el narcotráfico. Las ejecuciones extrajudiciales fueron constantes: pistoleros no identificados y operativos policiales resultaron en la muerte de miles de personas, muchas de ellas acusadas de narcotrafico sin pruebas sólidas. Organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 30.000 personas murieron en el marco de su guerra contra las drogas.

El arresto de Duterte se produjo tras su regreso de un viaje a Hong Kong. Según testigos, el exmandatario, de 79 años, fue escoltado por agentes de la Interpol en colaboración con las autoridades filipinas. Posteriormente, fue trasladado en un avión hacia La Haya, sede del tribunal internacional. La CPI lo acusa de crímenes de lesa humanidad tanto durante su presidencia como en su tiempo como alcalde de Davao, donde también se documentaron ejecuciones extrajudiciales.

El arresto ha generado reacciones encontradas. Sus seguidores, incluidos miembros de su partido político, calificaron la detención de "ilegal y opresiva". Su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, declaró: "Esto no es justicia, es persecución". Por otro lado, las víctimas y familiares de quienes perdieron la vida en su gobierno expresaron alivio y renovada esperanza en que la justicia prevalezca.

La administración de Ferdinand Marcos Jr., actual presidente y otrora aliado de Duterte, había mostrado resistencia inicial a colaborar con la CPI. Sin embargo, el deterioro de las relaciones entre ambos políticos permitió que investigadores del tribunal ingresaran discretamente al país a finales de 2023, sentando las bases para la acción judicial.

El impacto del arresto resonó en las calles de Filipinas. En Manila, una cafetería atendida por familiares de víctimas de la guerra contra las drogas ofreció descuentos como gesto de celebración. En Ciudad Quezón, una misa especial recordó a los caídos, con sus imágenes rodeadas de velas. Leila de Lima, exsenadora y crítica de Duterte que estuvo encarcelada por seis años, expresó su alegría: "Este es el momento de rendición de cuentas que tanto esperé".

El exmandatario, conocido por su retórica desafiante, no se mostró arrepentido. Antes de su arresto, declaró: "Tendrán que matarme antes de someterme a extranjeros". Sin embargo, la CPI sostiene que existen pruebas suficientes para juzgarlo por un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales.

Años de impunidad parecen llegar a su fin. Mientras Duterte es trasladado a La Haya, las familias de las víctimas esperan que este sea el primer paso hacia la justicia que, por mucho tiempo, les fue negada.