La representante Anna Paulina Luna (R-FL) presentó el 7 de mayo de 2025 una ambiciosa propuesta legislativa titulada "Ley de Restauración de la Privacidad Estadounidense", cuyo objetivo principal es revocar por completo la Ley Patriota, vigente desde octubre de 2001. La medida surge en un contexto de creciente malestar público ante los abusos documentados de vigilancia por parte del gobierno federal.

Con esta iniciativa, Luna intenta frenar lo que califica como "excesos del estado profundo", al tiempo que reaviva una discusión histórica sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles. En declaraciones oficiales, la congresista afirmó que las herramientas de vigilancia han sido utilizadas para fines personales, manipulación política e intromisión en la vida de ciudadanos inocentes. “Este abuso debe terminar”, declaró Luna, quien también compartió un gráfico de Breitbart News subrayando su intención de desmantelar las estructuras de espionaje sin supervisión judicial.

La Ley Patriota fue aprobada tras los atentados del 11 de septiembre como un instrumento para fortalecer las capacidades antiterroristas. Sin embargo, sus detractores han advertido durante años que muchas de sus disposiciones, como la Sección 215, permitieron al gobierno recolectar masivamente datos de ciudadanos como registros telefónicos y actividad en internet sin necesidad de una orden judicial. Grupos defensores de derechos civiles han alertado que estas prácticas vulneran protecciones constitucionales, especialmente las contempladas en la Cuarta Enmienda.

Un informe de 2024 de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reforzó esas preocupaciones al revelar que más de tres cuartas partes de las llamadas “órdenes de búsqueda secreta” se aplicaron en casos no relacionados con terrorismo, como investigaciones de drogas. Además, se denunció el uso de Cartas de Seguridad Nacional (NSLs), que permiten acceder a datos privados sin aprobación judicial, una herramienta que legisladores intentaron ampliar en 2023 mediante enmiendas al proyecto de ley de inteligencia del Senado.

La propuesta de Luna también se inspira en esfuerzos legislativos anteriores como la Ley de Restauración de la Cuarta Enmienda, presentada durante el Congreso 117º, la cual buscaba imponer la necesidad de órdenes judiciales para la vigilancia doméstica y derogar disposiciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Aunque varias partes clave de la Ley Patriota expiraron en 2020, la comunidad de inteligencia ha seguido operando mediante otras vías legales, algo que la nueva ley pretende impedir definitivamente.

Las críticas al uso político de la vigilancia no son nuevas. Durante la administración de Donald Trump, el fiscal general William Barr autorizó el uso de fuerzas antiterroristas para monitorear manifestaciones contra la violencia policial. Según la ACLU, centros de fusión en distintos estados también han catalogado erróneamente a activistas sociales y religiosos como amenazas, intensificando los llamados a una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional.

A pesar del impulso de Luna y del apoyo de sectores conservadores y libertarios, el futuro del proyecto es incierto. Se espera que enfrente resistencia de figuras vinculadas a la seguridad nacional, que consideran las herramientas de vigilancia aún necesarias para enfrentar amenazas contemporáneas. No obstante, el debate en torno a la privacidad y la transparencia gubernamental ha ganado fuerza en ambos lados del espectro político.

“La vigilancia injustificada no tiene cabida en una democracia constitucional”, afirmó Luna en su comunicado de prensa. “Este proyecto es un paso esencial para restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones”. Para conocer más sobre el contenido completo de la iniciativa, los ciudadanos pueden consultar el sitio web oficial de la representante.