En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Donald Trump acató una orden judicial federal y permitió el reingreso a Estados Unidos de un ciudadano guatemalteco deportado por error, pese a contar con protección legal contra su expulsión.

 

El migrante, identificado como O.C.G., regresó este miércoles al país luego de una intensa batalla legal liderada por la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración (NILA, por sus siglas en inglés). La organización confirmó a CNN que el hombre ya se encuentra en territorio estadounidense y que, por el momento, permanecerá bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras se resuelve su caso en una corte migratoria.

 

El retorno del guatemalteco fue ordenado por el juez Brian Murphy, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, quien determinó que su expulsión violó las protecciones legales vigentes. Según los abogados de O.C.G., su cliente enfrentaba graves riesgos en Guatemala y México debido a su orientación sexual. De hecho, declaró haber sido víctima de violación mientras se encontraba en territorio mexicano.

 

El caso ha sido considerado un ejemplo crítico de las fallas en el sistema de deportaciones aceleradas, donde los migrantes pueden ser expulsados sin una audiencia justa. Aunque en otras ocasiones jueces han intentado revertir expulsiones, esta es la primera vez que la administración Trump ejecuta efectivamente el regreso de un extranjero deportado sin el debido proceso.

 

En su defensa, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, justificó inicialmente la deportación argumentando que México ofrecía una “tercera opción segura” mientras se tramitaba la solicitud de asilo de O.C.G. Sin embargo, el tribunal concluyó que esa medida violó la protección judicial previamente concedida por una corte de inmigración.

 

Casos similares han surgido en los últimos años. Uno de los más notorios es el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado en marzo a pesar de contar con una orden judicial que impedía su deportación. Aunque el gobierno reconoció un “error administrativo” en ese caso, se negó a facilitar su regreso alegando que ya se encontraba bajo custodia de las autoridades de su país.

 

El regreso de O.C.G. marca un precedente clave en la lucha por los derechos de los migrantes y expone las profundas fallas del sistema migratorio bajo la actual administración republicana.