El Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó este jueves, de forma unánime, la demanda presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes estadounidenses de armas, a quienes señalaba como responsables indirectos del tráfico de armamento que nutre al crimen organizado en territorio mexicano.

 

La decisión del máximo tribunal se basa en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), vigente desde 2005, que otorga inmunidad casi total a las compañías armamentistas frente a litigios derivados del uso ilegal de sus productos por parte de terceros.

 

El fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, rechazó el argumento del Gobierno mexicano, que había sostenido que las empresas incluidas Smith & Wesson, Glock, Beretta y Colt habrían violado deliberadamente leyes federales al permitir que sus armas terminaran en manos del crimen organizado. Sin embargo, la Corte concluyó que no hay evidencias plausibles que respalden esa acusación.

 

 

La demanda, presentada por México en 2021, exigía una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños causados por la violencia armada, que según el gobierno mexicano se ve intensificada por el constante flujo de armas desde EE.UU., muchas de las cuales llegan a manos de cárteles.

 

A diferencia de Estados Unidos donde el derecho a portar armas está consagrado en la Segunda Enmienda, en México el acceso a armamento es sumamente restringido y controlado por el Estado.

 

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallo y aseguró que su administración continuará dando seguimiento a los procesos legales en curso. “Son dos juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, declaró, en referencia a otros litigios internacionales relacionados con el tema.

 

El fallo se da en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. Mientras la administración de Donald Trump acusa a México de facilitar el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense, el gobierno mexicano sostiene que el poder de los cárteles está directamente relacionado con el acceso libre a armas de alto poder fabricadas en EE.UU.