La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a miembros clave de la facción conocida como “Los Chapitos”, parte del Cártel de Sinaloa. La medida se dirige contra dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar) quienes actualmente se encuentran prófugos en México y son considerados líderes violentos en la cadena de producción y tráfico de fentanilo hacia EE.UU. 

La OFAC también incluyó en su lista a varios socios y empresas vinculadas a esta red criminal, ubicadas principalmente en Mazatlán, Sinaloa. Entre ellos destacan Víctor Manuel Barraza Pablos, presunto jefe de plaza del grupo en esa región, y el empresario José Raúl Núñez Ríos, quien habría construido un emporio empresarial con fines de lavado de dinero. Su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, también fue sancionada por operar negocios en su nombre.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta estructura criminal no solo participa en el tráfico de estupefacientes, sino también en extorsión, secuestros, asesinatos y corrupción empresarial. Los laboratorios bajo control de Los Chapitos serían responsables de producir píldoras falsificadas con fentanilo, exportadas ilícitamente a territorio estadounidense.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de toda transacción con personas o entidades estadounidenses. Además, se advierte que instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con los sancionados podrían ser objeto de sanciones secundarias, lo que amplía el alcance de la medida más allá del territorio norteamericano.

Entre las diez empresas bloqueadas figuran inmobiliarias, spas, desarrollos turísticos y negocios de eventos. Según el Departamento del Tesoro, estas compañías funcionaban como fachadas para encubrir las operaciones ilegales del Cártel de Sinaloa, camuflando las ganancias del narcotráfico mediante inversiones en sectores comerciales y hoteleros.

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Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia del gobierno de EE.UU. para contener la crisis de fentanilo y frenar la expansión de organizaciones criminales transnacionales. El Departamento del Tesoro ha reiterado que el objetivo de estas sanciones no es castigar, sino generar cambios significativos que reduzcan la violencia y el tráfico de drogas.