El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca contratar a una empresa privada que se encargue de localizar en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de territorio estadounidense y que aún mantienen multas migratorias pendientes de pago.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó una convocatoria federal para encontrar una compañía registrada en Estados Unidos que pueda realizar labores de búsqueda de deudores en el extranjero, notificarles sobre sus adeudos y gestionar el cobro de las sanciones.

 

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De acuerdo con el documento, la empresa contratada deberá contar con capacidad para ubicar personas fuera de Estados Unidos y proporcionar pruebas que confirmen su identidad, como fotografías de domicilio, facturas de servicios públicos o registros laborales. En caso de que la persona haya fallecido, deberá presentar un certificado de defunción.

Una vez localizada, la compañía deberá informar al migrante sobre el monto de la deuda y ofrecer alternativas para liquidarla, ya sea mediante un pago completo, convenios a plazos u otros mecanismos autorizados. El pago podrá ser realizado por la persona sancionada o por un tercero.

CBP calcula que alrededor de 66 mil 387 migrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos cuentan actualmente con multas civiles pendientes. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que el monto acumulado de sanciones migratorias sin pagar asciende a aproximadamente 423 millones de dólares.

El Gobierno estadounidense reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra migrantes por diversas infracciones a la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de órdenes de expulsión.

 

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Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la sanción por no acatar una orden de salida fue establecida originalmente en 500 dólares diarios en 1996 y actualmente, tras ajustes inflacionarios, puede alcanzar hasta 998 dólares por día.

Hasta ahora, CBP utiliza compañías privadas para recuperar este tipo de adeudos, aunque sus operaciones se han limitado principalmente dentro de Estados Unidos. La agencia mantiene contratos con tres empresas encargadas de cobrar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, CBP señaló que esas compañías no habían logrado localizar a deudores en el extranjero, por lo que la nueva contratación busca ampliar la capacidad de cobro fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa opere directamente en los países donde residen los migrantes.

 

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