El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que restringe el ingreso a su territorio a más de 60 funcionarios, exfuncionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, a quienes vincula con corrupción o narcotráfico. La medida incluye además a un juez peruano y a cuatro ciudadanos ecuatorianos cuya identidad no fue revelada.

Según el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de los compromisos del Escudo de las Américas, alianza creada en marzo que reúne a unos quince países. La política fue anunciada el 28 de septiembre y apunta a extranjeros que, a juicio de Washington, socavan gobiernos democráticamente elegidos. “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, señaló el comunicado. La semana pasada, los líderes de la alianza ratificaron en la ONU su disposición a tomar “medidas colectivas” y aprobaron sanciones contra 24 grupos criminales.

Entre ellos figura Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia en 2022. Roa se apartó del cargo el 7 de abril y enfrenta dos imputaciones de la Fiscalía: tráfico de influencias, por la compra de un apartamento en Bogotá y posibles vínculos con contratos de Ecopetrol, y violación de los límites de gastos en campañas electorales.

También fueron sancionados el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante electa Karen Manrique; los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar; el exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa; el empresario Euclides Torres, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro; y la senadora Martha Isabel Peralta. Manzur, Manrique y Bitar están procesados por presuntamente ofrecer contratos a sus regiones a cambio de respaldar créditos del gobierno de Petro en 2023.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que su gobierno apoya a Colombia en eliminar la influencia criminal “incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura”. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió que “la lucha apenas empieza” y que se ampliará.

Las restricciones alcanzan a 15 cargos o excargos públicos y a 25 familiares directos. Entre ellos están el exfiscal general Juan Lanchipa, el exencargado antidrogas Freddy Bismarck, el magistrado Israel Ramiro Campero, el fiscal Martín Irusta (luego abogado del expresidente Evo Morales), el juez Rodrigo Vedia, los fiscales Albania Chane, Alberto Zeballos y Alvaro Nava, la jueza Rosario Flores, el empresario José Luis Iriarte y el coronel de Policía Frans Cabrera, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico. Otros nueve bolivianos no podrían obtener visa si la solicitaran.

También fue sancionado el actual fiscal general, Roger Mariaca, quien cuando se postuló fue cuestionado por retrasar casos como fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Washington sostiene que sus acciones debilitan las instituciones bolivianas. Mariaca rechazó la medida y la calificó de “injerencia” y “presión política”.

En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez de Lima conocido por un fallo que favoreció a Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay. En Ecuador, los cuatro sancionados no fueron identificados.

El Departamento de Estado puede hacer públicos los nombres de quienes pierden la visa o mantenerlos en el anonimato.