Hace algunos días, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizó su primer viaje de prueba en una de las megaobras más ambiciosas de su gobierno: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 

 

El proyecto busca conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de una ruta de aproximadamente mil 200 kilómetros, la cual comunicará a Salina Cruz (Oaxaca) con Coatzacoalcos (Veracruz). 

 

Además de la ruta, el Corredor contará con al menos diez Zonas Económicas Especiales (ZEE) que cumpliran dos objetivos: aprovechar la logística del tren y crear polos de desarrollo en zonas con rezago económico, de acuerdo con México cómo vamos. Hasta ahora, la megaobra del Corredor ha entusiasmado al sector empresarial, pero la población ya ha denunciado algunos impactos negativos detrás del proyecto.

 

Y es que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó al menos 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra colectivos y personas defensoras del territorio. Once de los casos incluyeron violencia física, psicológica y desalojos forzosos. También se registraron tres homicidios de personas defensoras entre octubre de 2022 y julio de este año, así como 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y defensores comunitarios, reportó El País.

 

Además, las comunidades indicaron que no han tenido acceso a la información relacionada con la construcción del megaproyecto y a las afectaciones que tendrá en sus territorios. Por eso, un colectivo de 23 organizaciones nacionales e internacionales pidieron que se reconozcan y respeten los derechos humanos de los habitantes de las zonas por donde pasará el Corredor, de acuerdo con Pie de Página.