Recientemente la Cámara de Diputados aprobó una reforma en la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia, la cual permitirá al personal médico no aplicar algunos tratamientos si los consideran incompatibles con sus creencias éticas, morales o religiosas. 

 

Este proyecto ha generado posturas a favor y en contra, incluso en altas esferas jurídicas.

 

En mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en donde señala que la objeción de conciencia puede restringir el ejercicio de algunos derechos vinculados a la salud. Sin embargo, destacó que se trata de una expresión del derecho a la libertad religiosa y de conciencia. 

 

Por este motivo, la ley obligaría a las instituciones de salud a contar con personal no objetor para garantizar la atención médica. Además estableció algunos casos en los que la objeción de conciencia no será aplicable, como cuando la vida de pacientes esté en riesgo o no haya personal suficiente. 

Se espera que la iniciativa llegue al Senado en los próximos días para su evaluación y votación. En caso de ser aprobada, los organismos de salud federales, estatales y municipales, así como el sector privado, tendrán que garantizar el cumplimiento de la ley de objeción de conciencia siempre y cuando no se comprometa la salud.