En la Cámara de Diputados, se aprobó la conformación del Comité de Evaluación, organismo encargado de filtrar a los aspirantes para ocupar plazas de jueces, magistrados, ministros y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial el próximo año. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los legisladores, alcanzando 326 votos a favor y 102 en contra, y ahora pasará al Senado de la República para su análisis final.

 

Este Comité de Evaluación estará compuesto por Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez De Lara, Ana Patricia Briseño Torres, María Gabriela Sánchez García y Andrés Norberto García Repper Favila. Según el acuerdo de la Mesa Directiva de San Lázaro, la función del Comité será esencial para evaluar y seleccionar a los mejores candidatos que compitan por los puestos judiciales más altos del país.

 

La aprobación no estuvo exenta de controversia, ya que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su rechazo al proceso y a la conformación del Comité. En un comunicado, los legisladores del PAN señalaron que no se sumarán a un comité "sin legitimidad ni transparencia", argumentando que la mayoría oficialista, liderada por Morena, ha manipulado el proceso para avanzar en su agenda política.

 

"Morena ha convertido el Congreso en una fábrica de complicidades. No seremos partícipes de su farsa, ni cómplices de un sistema que busca controlar al Poder Judicial a favor de intereses políticos", expresó la bancada del PAN, subrayando su compromiso con la justicia independiente. Además, acusaron a Morena de “pisotear el proceso legislativo” para imponer una "mayoría artificial", fabricando consensos que consideran inexistentes y anulando así, en su opinión, la posibilidad de un proceso justo y transparente.

 

Con la creación de este Comité de Evaluación, el Congreso da un paso más en la selección de nuevos integrantes del Poder Judicial, mientras se intensifica la polémica por la aparente falta de consenso y las denuncias de una agenda autoritaria en su estructura y funcionamiento. La discusión ahora se traslada al Senado, donde se definirá si el nuevo mecanismo se aprueba en su totalidad o enfrenta ajustes para asegurar mayor transparencia y legitimidad en el proceso.