El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró estar abierto a las investigaciones que puedan realizarse en su contra, luego de la denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta triangulación de recursos públicos.
 

A través de un mensaje publicado este lunes 2 de noviembre, el mandatario retomó un video que había difundido el pasado 21 de septiembre, en el que respondió a señalamientos relacionados con sus cuentas personales y presuntas irregularidades financieras.
 

En su publicación, García afirmó que las acusaciones ya habían sido revisadas anteriormente por autoridades estatales y federales, derivado de otro juicio político presentado durante este año. También sostuvo que está dispuesto a dar explicaciones sobre los señalamientos.
 

“No tenemos nada que esconder, siempre vamos a dar la cara porque soy incorruptible”, expresó el gobernador en el mensaje que acompañó la publicación del video.
 

Durante la grabación, el mandatario mostró documentos con los que aseguró que el Gobierno Federal, el Gobierno de Puebla, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia estatal determinaron que no existían irregularidades ni triangulación en las investigaciones previas a las que hizo referencia.
 

La respuesta ocurre después de que la ASF presentara una denuncia penal ante la FGR por presuntas operaciones de triangulación de recursos durante la administración estatal. De acuerdo con la información del órgano fiscalizador, cuatro rutas de transferencias habrían permitido que 928.13 millones de pesos llegaran a un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
 

El señalamiento forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, en la que la ASF identificó movimientos de recursos públicos a través de distintas empresas y proveedores. La denuncia busca que las autoridades investiguen las operaciones y determinen si existieron irregularidades o responsabilidades penales.

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La Fiscalía General de la República deberá analizar los elementos presentados por la auditoría y determinar el curso de la investigación. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser acreditadas por las autoridades competentes.