Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en los congresos de las 32 entidades federativas expresaron su respaldo a las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar posibles irregularidades en la contratación de servicios y materiales electorales.

En un pronunciamiento fechado el 5 de noviembre, los legisladores señalaron que las investigaciones deben permitir revisar los mecanismos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), además de identificar posibles conflictos de interés y determinar si existen responsabilidades.

El documento también hace referencia a señalamientos sobre una presunta red empresarial que, durante décadas, habría concentrado contratos millonarios relacionados con la organización de elecciones. Ante ello, consideraron necesario revisar cómo se asignaron esos recursos y si los procedimientos se realizaron conforme a la ley.

Los coordinadores sostuvieron que la autonomía de las autoridades electorales es fundamental para la democracia, pero afirmaron que esta no debe impedir la fiscalización ni la rendición de cuentas cuando se trata del manejo de recursos públicos.

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Por esa razón, respaldaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), dentro de sus respectivas atribuciones, realicen las investigaciones necesarias y, en caso de encontrar conductas ilícitas, se apliquen las sanciones correspondientes.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de fortalecer a Talleres Gráficos de México y establecer reglas más claras para la contratación de materiales y servicios electorales, tanto a nivel federal como local.

En el pronunciamiento, los legisladores aseguraron que su postura no busca debilitar al INE ni poner en riesgo la organización de los procesos democráticos, sino garantizar que las instituciones electorales trabajen en favor de la ciudadanía y no de intereses particulares o redes de negocios.

Finalmente, afirmaron que la transparencia y el uso eficiente del dinero público son condiciones necesarias para mantener la confianza ciudadana en la democracia y en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.