19-11-2026

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Mónica Peyro señaló que resoluciones judiciales han favorecido a personas acusadas de agresiones sexuales contra menores
La defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Mónica Peyro, denunció presuntas irregularidades en cinco procesos judiciales relacionados con casos de violencia sexual infantil en Durango. Señaló que, durante la transición del Poder Judicial, se han emitido resoluciones que, desde su perspectiva, ponen en riesgo la protección de las víctimas.
La activista explicó que algunos procedimientos en los que han acompañado a menores de edad han enfrentado obstáculos al llegar a los juzgados, pese a que, según su valoración, la Fiscalía General del Estado (FGE) había integrado pruebas y aplicado protocolos con perspectiva de género y de infancia.
Peyro mencionó que uno de los casos involucra a un docente que actualmente se encuentra en libertad, aunque, aseguró, debería permanecer en prisión. Sin embargo, no proporcionó información que permita identificar el expediente ni detalló las condiciones jurídicas bajo las cuales obtuvo su libertad.
La defensora cuestionó que, después del trabajo realizado por las familias, las organizaciones y las autoridades ministeriales, algunas resoluciones judiciales terminen beneficiando a personas señaladas por cometer agresiones sexuales contra menores de edad.
“Al momento de que esta investigación llega a las manos de un juez y una jueza, es ahí donde destrozan los procesos y dan sentencia favorable para agresores y agresoras sexuales infantiles”, manifestó.
Asimismo, reconoció el trabajo de la Fiscalía estatal en la integración de las investigaciones y la aplicación de protocolos de atención a la infancia. No obstante, consideró que las decisiones posteriores de los órganos jurisdiccionales están afectando el acceso a la justicia de las víctimas.
La activista también expresó sospechas sobre posibles vínculos de influencia entre personas señaladas por estos delitos, abogados y otros actores, e incluso cuestionó si podría existir una red de protección. Sin embargo, aclaró que no cuenta con elementos para confirmar la existencia de una estructura de este tipo en Durango.
Peyro sostuvo que la transición del Poder Judicial no debe representar un retroceso en la protección de niñas y niños víctimas de violencia sexual, por lo que llamó a garantizar que los procesos se resuelvan conforme a la ley y con prioridad en los derechos de los menores afectados.
Finalmente, insistió en que este tipo de delitos requiere especial atención de las autoridades y pidió evitar que las decisiones judiciales se conviertan en obstáculos para que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.

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