Hay una ironía política difícil de ignorar: el movimiento que convirtió la limpieza del Instituto Nacional Electoral (INE) en una de sus principales banderas políticas enfrenta ahora la caída de la presidenta que impulsó para encabezar esa tarea. Guadalupe Taddei dejará el cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y redes de proveedores vinculados a su entorno. Las preguntas que deja su salida, sin embargo, trascienden su gestión; alcanzan directamente a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a la viabilidad misma de su promesa de transformación.

La confirmación de su renuncia, prevista para este lunes ante la Cámara de Diputados, llegó tras revelarse contratos millonarios otorgados a compañías vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Los reportes periodísticos han señalado contrataciones por cientos de millones de pesos, incluidos expedientes que superarían los 514 millones. La dimensión exacta de los montos bajo investigación y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante auditorías y procedimientos formales, no mediante condenas sumarias.

Sin embargo, el costo político es inocultable. La salida de Taddei ocurre en pleno proceso electoral, a meses de las elecciones federales de 2027. México necesita hoy un árbitro cuya credibilidad esté fuera de toda duda razonable. Aquí comienza el verdadero problema para el oficialismo.

Durante el sexenio pasado, el INE de Lorenzo Córdova fue el blanco predilecto de López Obrador. El entonces presidente exigía una transformación profunda frente a lo que calificaba como excesos burocráticos y corrupción del antiguo régimen. En marzo de 2023, al celebrar el nombramiento de Taddei, López Obrador avaló públicamente su perfil: la describió como una mujer progresista, honesta e incapaz de actuar como su antecesor.

Ese espaldarazo adquiere hoy un peso histórico. López Obrador no estaba obligado a predecir el futuro, pero Morena sí tiene la obligación de explicar su concepto de «regeneración institucional». La honestidad no se transmite por afinidad política, recomendación presidencial ni parentesco. Se demuestra mediante procedimientos transparentes y controles capaces de detectar abusos, incluso cuando provienen de aliados.

La contradicción es profunda. Morena no llegó al poder prometiendo una nueva élite de funcionarios, sino la erradicación de un sistema diseñado para proteger intereses particulares. Hoy, frente al escándalo de una presidenta electoral cuya llegada al cargo fue celebrada por López Obrador, el movimiento enfrenta una de sus pruebas más incómodas de consistencia: la misma exigencia de transparencia que dirigió contra el INE de Córdova debe aplicarse al INE de Taddei.

Pero hay un elemento todavía más revelador: los llamados «superpoderes» que la mayoría de Morena en el Congreso otorgó a Taddei mediante la reforma legal de 2024. Los cambios ampliaron las facultades de la Presidencia del INE para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, una atribución que antes exigía el consenso del Consejo General. La modificación fue cuestionada por consejeros electorales que advirtieron sobre la erosión de la colegialidad y los contrapesos internos.

La paradoja es evidente: mientras Morena denunciaba las inercias y los privilegios del antiguo INE, impulsó cambios que concentraron más poder en la persona que encabezaba el organismo. Esto no demuestra que las nuevas facultades hayan causado las presuntas irregularidades ni acredita responsabilidad de Taddei, pero sí pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué confiar en la virtud de quien ocupa un cargo cuando lo que necesitamos son reglas capaces de limitar su poder? Cuando la integridad de una institución depende demasiado de las cualidades personales de sus titulares, los controles dejan de ser una garantía y se convierten en una apuesta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado contener la crisis. Respaldó la decisión de Taddei de separarse del cargo y exigió investigar las sospechas de corrupción, al tiempo que condenó las burlas machistas contra la funcionaria. Ambas posturas son irreprochables: investigar no es linchar, y la condición de mujer no exime del escrutinio público. El reto de Sheinbaum será materializar este discurso. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si los hallazgos resultan políticamente incómodos.

La discusión, por tanto, no debería agotarse en la salida de Taddei. Debe alcanzar las reglas que permitieron ampliar las facultades de la Presidencia del Instituto y los mecanismos para garantizar que esas atribuciones rindan cuentas. Una renuncia puede apagar una crisis de liderazgo, pero no corrige por sí misma los problemas de diseño institucional que debilitaron los contrapesos.

Lo que esta crisis revela es que la autonomía de las instituciones del Estado no puede depender del prestigio de sus titulares ni de la fe que un gobierno deposite en ellos. 

Ahora, el Congreso enfrenta una decisión crítica. Si Morena impone su mayoría legislativa para el relevo sin construir un consenso amplio, podrá cumplir formalmente con el procedimiento, pero no disipará las dudas sobre la independencia del árbitro. El proceso de selección debe ofrecer garantías de imparcialidad y pluralidad, precisamente porque la autoridad resultante organizará las elecciones en las que el propio oficialismo buscará conservar el poder.

La vacante en el INE abre una oportunidad para corregir el rumbo institucional, pero también corre el riesgo de convertirse en una simple operación de control de daños: sacrificar la pieza para proteger la estructura. Morena debe entender que la legitimidad de su proyecto no se mide por cuántas instituciones transforma en el papel, sino por su capacidad de garantizar que funcionen con integridad.

La Cuarta Transformación hizo de la limpieza institucional una promesa política. Ahora debe demostrar que esa escoba también barre su propia casa. Pero la lección va más allá de Morena: ninguna institución se vuelve más honesta por cambiar a sus titulares, ni más democrática por concentrar facultades en nombre de la eficiencia. La verdadera transformación no consiste en sustituir a quienes ocupan el poder, sino en construir instituciones capaces de limitarlo, vigilarlo y exigirle cuentas, sin importar quién lo ejerza.