Si tu empleador te pide firmar una carta de renuncia pese a que no deseas dejar tu trabajo, lo recomendable es detenerte antes de poner tu firma. La legislación laboral mexicana establece mecanismos para proteger a las personas trabajadoras frente a prácticas como las renuncias anticipadas, la firma de documentos en blanco o la alteración de documentos previamente suscritos.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) señala que una renuncia debe representar una decisión voluntaria de la persona trabajadora. Por ello, si el patrón pretende terminar la relación laboral y busca que el empleado firme como si hubiera renunciado, la situación puede ser reclamada ante las autoridades correspondientes.

¿Pueden obligarte a firmar una renuncia?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla como actuación notoriamente improcedente que el patrón exija a sus trabajadores la firma de papeles en blanco durante la contratación o en cualquier momento de la relación laboral.

El artículo 48 Bis también prohíbe alterar un documento firmado por el trabajador con un propósito distinto para incorporar una renuncia.

Por ello, si una empresa presenta un documento para ser firmado, es importante leerlo completamente y evitar firmar si su contenido no corresponde con lo acordado o si existe presión para hacerlo.

La situación adquiere mayor relevancia cuando se trata de una carta de renuncia anticipada, es decir, aquella que se firma al momento de ingresar a un empleo para que posteriormente pueda ser utilizada por la empresa para justificar una separación laboral.

 

 

 

 

 

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Renuncias anticipadas podrían ser investigadas como extorsión

Además de las consecuencias en materia laboral, especialistas han advertido que determinadas prácticas relacionadas con la obtención forzada de una renuncia podrían tener implicaciones penales.

La reforma al artículo 19 de la Constitución, realizada en diciembre pasado, amplió el catálogo de delitos que pueden ameritar prisión preventiva oficiosa, entre ellos la extorsión.

En entrevista con El Economista, Leopoldo R. Jácome, maestro en Derecho Corporativo, explicó que la exigencia de una renuncia anticipada puede ir más allá de un posible fraude cuando existe presión para obtener la firma.

“Es una extorsión. Porque si no firmas tu renuncia en blanco, no te doy el trabajo. Es más que fraude”, señaló.

El especialista puntualizó que la clasificación de una conducta como extorsión dependerá de las circunstancias específicas y de la valoración que realicen las autoridades.

La multa puede superar los 113 mil pesos

El artículo 48 Bis de la LFT establece sanciones para quienes incurran en prácticas como exigir documentos en blanco o alterar documentos firmados por los trabajadores para incorporar una renuncia.

De acuerdo con la información proporcionada, las multas pueden ir de 11 mil 314 a 113 mil 140 pesos, equivalentes a entre 100 y mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que puede darse vista al Ministerio Público ante la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.

Miguel Ángel Fuentes Vargas, director jurídico de FyT Abogados, explicó que los jueces pueden dar vista al Ministerio Público cuando durante un procedimiento se adviertan hechos que pudieran constituir delitos.

Entre las conductas que podrían ser investigadas, dependiendo del caso, mencionó posibles actos de intimidación, extorsión o falsedad de declaración.

El abogado también señaló que la posible extorsión tendría que analizarse a partir de la forma en que ocurrieron los hechos y del beneficio que el patrón buscaba obtener mediante la firma.

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¿Qué hacer si te presionan para renunciar?

Ante una situación de este tipo, la recomendación es no firmar documentos en blanco ni una renuncia que no corresponda con tu voluntad. También es conveniente conservar pruebas relacionadas con la relación laboral, como contrato, recibos de nómina, mensajes, correos electrónicos y cualquier comunicación relacionada con la terminación del empleo.

La PROFEDET ofrece orientación y asesoría laboral gratuita para analizar cada caso y determinar qué derechos pueden corresponder a la persona trabajadora.

Si se trata de un despido injustificado, la LFT contempla acciones para reclamar los derechos correspondientes. El plazo general para ejercer las acciones derivadas de un despido es de dos meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió.

Por ello, ante una presión para presentar una renuncia o un despido que se pretende hacer pasar como voluntario, actuar rápidamente y conservar la evidencia puede resultar determinante para defender los derechos laborales.