En el albergue provisto por el Ayuntamiento de Tijuana para atender a los migrantes venezolanos retornados de Estados Unidos hay 211 personas, que representan 70 familias, informó el director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero.

En el informe presentado por el funcionario, junto a la alcaldesa Montserrat Caballero, destacó que hasta el momento han sido retornados mil 437 venezolanos por la garita El Chaparral. De dicha cifra, 450 están en albergues privados y 938 se han movilizado a otros estados del país o a Venezuela.

Sobre la situación en la que están retornando a México, Lucero detalló: “Practicamente les dieron un trato en EU como prisioneros. Estuvieron tres días en un centro de detención migratoria. Eran cuartos fríos, de cemento”.

“Les quitaron la ropa con la que cruzaron. Les dieron unos pants grises. Les quitaron los zapatos, les dieron unas chanclas o sandalias de plástico. Y así están regresando”.

Está situación ha provocado que los refugiados presenten problemas de salud del tipo respiratorio y gastrointestinal, por lo que, dijo Lucero, tanto la jurisdicción sanitaria como Servicio Médicos Municipales los atienden diariamente en el Campo Reforma, refugio temporal adaptado.

Además de problemas médicos, también presentan afectaciones psicológicas, pues la mayoría de ellos han pagado hasta 6 mil dólares y han atravesado hasta 10 países, incluyendo el Tapón del Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.

El impacto emocional sobre los venezolanos se agrava tras el rechazo y maltrato de parte de EU, subrayó el director municipal.

Sobre la situación legal de los venezolanos en Tijuana, Enrique Lucero calificó de complicada la posibilidad de que puedan ingresar a EU, por lo que, dijo, es un tema que deberán trabajar los países implicados para dar una solución.

Entre los obstáculos casi infranqueables impuestos por EU para los venezolanos, está contar con un aval en aquel país que tenga ingresos anuales superiores a los 70 mil dólares, no haber ingresado ilegalmente y contar con pasaporte vigente, requisito que solo llena el 10% de los venezolanos en Tijuana, donde no hay representación consular.  

Por su parte, la alcaldesa Montserrat Caballero pidió al delegado federal en BC, Alejandro Ruíz, a seguir trabajando en el tema migratorio, pues se trata de una situación del orden federal.