El 29 de septiembre de 2023, el Gobierno del Estado emitió un decreto a través del Periódico Oficial de Baja California, advirtiendo sobre la posible revocación de permisos, concesiones y/o autorizaciones para taxistas y concesionarios de taxis rojos con negro en el bulevar Agua Caliente. Esta medida ha generado malestar entre los conductores de la línea. A pesar de haber entablado un diálogo con el ejecutivo estatal, Joaquín Baltazar, secretario general de este transporte, sostiene que la situación persiste como una "cacería de brujas" con infracciones consideradas imposibles.

 

“Tenemos más de 20 resoluciones en la cuales se le dice al director que regrese las unidades; ni los inspectores del instituto tienen facultad para infraccionar; la gobernadora del Estado dice que cumplirá la ley, pues le exigimos que la cumpla”, señaló Baltazar ante medios de comunicación.

 

 

El Lic. José Evaristo Zepeda, uno de los coordinadores de COCI, reafirmó su respaldo a los conductores de la línea "rojo y negro", impugnando cuestiones que considera contrarias a la legalidad. Afirmó que el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) está imponiendo infracciones de manera arbitraria e ilegal, basándose en el reglamento de tránsito municipal, algo que, según él, no debería ocurrir. Además, señaló la falta de cooperación para la devolución de las unidades retenidas, a pesar de contar con resoluciones emitidas por tribunales administrativos de la ciudad desde hace un tiempo.

 

“A pesar de que ya hay una sentencia favorable donde les dicen que el juez regrese la unidad, todavía el IMOS no ha acatado esta sentencia, entonces nosotros hacemos un llamado a la gobernadora, al ejecutivo, Marina del Pilar en el IMOS, ya que las multas en contra de los choferes de los taxis, son desproporcionadas que asciende a más de 60-70 mil pesos cuando sabemos que un chofer de taxi no la puede reunir tan pronto”, indicó Evaristo Zepeda.

 

 

El secretario general de los taxis rojos y negros presentó una denuncia pública dirigida a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En sus declaraciones, destacó que el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) está "explotando, denigrando y acabando con la fuente de trabajo" al obedecer un decreto que, según él, fue impuesto para expulsarlos del bulevar. Joaquín Baltazar subrayó estas preocupaciones en su comunicado.

 

MULTAS

 

Hace tres años, Jaime Alberto Seledonio Casillas, un conductor afectado, relató que le retiraron su vehículo mientras transportaba a cuatro pasajeros en su taxi libre. Afirmó haber presentado pruebas que demostraban que era un solo viaje con múltiples pasajeros. A pesar de ello, se le impuso una multa inicial de 64 mil pesos, sumada a una cantidad adicional por los costos del corralón, cuya cifra desconoce.

 

 

“Como no somos del gremio de los taxis negro, ellos si pueden traer sobrecupo de hasta 17-18 personas, vidrios polarizados, nada más nos están casando; nos han parado por cualquier cosa, hasta por traer 11 pasajeros y ver que teníamos un asiento doblado, a pesar de comprobar que no se estaba usando, nos infraccionaron”, señalaron otros afectados.

 

En cuanto a Guzmán Alexis, mencionó que le impusieron una multa de 79 mil pesos por un permiso vencido. Para hacer frente a los gastos y poder seguir trabajando, tuvo que vender su propio automóvil, ya que esta actividad constituye su única fuente de empleo.